Reducir fitosanitarios: ¿un éxito en sostenibilidad o un fracaso en producción?

Los últimos datos sobre el uso de productos fitosanitarios en España correspondientes a 2023 confirman lo que viene siendo tendencia en los últimos años: España es el país de la UE que más ha reducido el uso y el riesgo asociado a estos productos. Además, es el que menos autorizaciones excepcionales ha concedido. Todo apunta, según las cifras, a un éxito rotundo de las medidas aplicadas bajo la normativa europea sobre uso sostenible de productos fitosanitarios.

En concreto, el indicador HR1, que mide el volumen de productos comercializados ponderado por su peligrosidad toxicológica (dando más peso a las sustancias más peligrosas), muestra que España ha reducido el uso y el riesgo un 34 % más que la media europea. Un dato sobresaliente.

Por otro lado, el indicador HR2, que mide las autorizaciones excepcionales, refleja que España ha recurrido un 84 % menos a este mecanismo que la media de la UE. Recordemos que estas autorizaciones permiten, en casos de emergencia fitosanitaria, el uso limitado y controlado de productos que ya no están autorizados de forma general. Aunque esta vía está legalmente contemplada, es lenta, complicada y penaliza directamente los indicadores, al computar con el valor más alto de peligrosidad. Un ejemplo más de cómo la burocracia comunitaria penaliza incluso los recursos legales cuando estos se usan con criterios de urgencia y necesidad agronómica.

Estos indicadores podrían llevarnos a celebrar sin matices. En efecto, España ha sustituido progresivamente sustancias con mayor impacto por otras más respetuosas con la salud y el medio ambiente, lo cual es, en principio, una excelente noticia. Pero los datos estadísticos no deben ocultar la realidad del campo.

En muchas ocasiones, atajar una plaga con medios químicos bien utilizados no solo es más económico, sino más ecológico. Menos tratamientos, control más eficaz, menos desperdicio. Un caso paradigmático es el del cotonet de les Valls, donde se ha trabajado durante años buscando soluciones alternativas a productos químicos que eran eficaces y seguros. Pero la falta de alternativas ha hecho que el control real sobre esta plaga siga siendo ineficiente, costoso y con graves consecuencias para la producción citrícola.

A día de hoy, en España seguimos encontrando alimentos de todo tipo en supermercados y mercados. Importamos frutas de Sudamérica, legumbres de Asia o carne de los confines de la Tierra. Pero, ¿qué ocurrirá cuando la actual generación de agricultores y ganaderos, cada vez más envejecida, se jubile? ¿Podremos seguir dependiendo del exterior para abastecernos? ¿Nos seguirán vendiendo alimentos a precios bajos? La respuesta no está nada clara.

Vivimos en una sociedad donde la especialización ha traído progreso, pero también dependencia. Solo un pequeño porcentaje de la población trabaja en el sector primario, produciendo alimentos para todos los demás. Y aunque hoy podamos importar, esa capacidad no es infinita ni está exenta de riesgos. La seguridad alimentaria comienza por mantener un sector primario profesional, formado, tecnificado y viable.

No hablamos de volver a la autarquía, sino de garantizar un mínimo de autosuficiencia. Para ello, es imprescindible que nuestras cosechas tengan éxito. Una mala campaña puede arruinar una explotación familiar y empujarla a desaparecer. Aquí entran en juego los productos fitosanitarios, herramientas clave para proteger los cultivos frente a plagas y enfermedades. Su uso, cuando se hace de forma profesional, con equipos de alta eficiencia y bajo prescripción técnica, permite reducir riesgos y aumentar la sostenibilidad.

La innovación en el sector es real. Existen ejemplos como el control de la mosca de la fruta mediante trampas de feromonas, que han demostrado eficacia y respeto al medio ambiente. Sin embargo, la realidad es que las prohibiciones de fitosanitarios avanzan más rápido que las soluciones alternativas. Muchos de los productos cancelados aún no tienen reemplazo viable, lo que deja a los agricultores en una situación de indefensión.

Desde el Ministerio de Agricultura se están dando pasos importantes para corregir esta situación: el próximo Plan de Acción Nacional (PAN) prevé más formación para los usuarios profesionales, se están implementando medidas de mitigación del riesgo en los comités de evaluación y se avanza en los sistemas de innovación e intercambio de conocimientos (AKIS). Pero estos avances, por sí solos, no bastan.

La solución no puede ser simplemente prohibir. Desde Fedisprove defendemos que deben mantenerse las herramientas eficaces y promover un uso más seguro, no eliminarlas sin alternativa. Eliminar fitosanitarios sin reemplazo empuja al abandono del campo. Y con él, al abandono de la producción alimentaria en España.

Las políticas europeas, que impulsan estas prohibiciones con el objetivo de mejorar las estadísticas sobre uso sostenible, avanzan impasibles. Pero los datos no deben ser el único norte. La sostenibilidad no es solo ecológica, también es económica y social. Necesitamos un enfoque realista que nos permita seguir produciendo alimentos seguros, suficientes y de calidad. Porque el futuro alimentario de España no se puede dejar a la deriva de decisiones que no contemplan su impacto en el terreno.

Datos para reflexionar:

• • El 70 % de los agricultores tienen más de 65 años.
  • Según el estudio de la balanza comercial española de 2023:
    • Las cantidades exportadas en el sector agropecuario tienden a disminuir
    • Las cantidades importadas en el sector agropecuario tienden a aumentar
  • El precio de la cesta de la compra de 2023 a 2024 ha subido un 2,8 %.
  • Origen de los alimentos que consumimos: no existen datos