«Compartimos el día a día de los agricultores, sus problemas son también nuestros problemas»
En FEDISPROVE, la federación de distribuidores de insumos para la protección vegetal, compartimos el día a día de los agricultores, y todas las dificultades crecientes que sobrellevan para llevar a término los cultivos, son también nuestros problemas.
Uno de los motivos para que los agricultores estén realizando estas movilizaciones, es por una sanidad vegetal cada vez más difícil de lograr y con mayores costes.
En 2009, Europa legisló para que los fitosanitarios fuesen seguros y hoy, podemos decir que esta legislación ha funcionado. El botiquín actual disponible para la lucha contra plagas, enfermedades y malas hierbas, ya nada tiene que ver con el de entonces. Los fitosanitarios se evalúan constantemente y ante la detección de cualquier riesgo, se prohíben. Los fitosanitarios de hoy, son mucho más específicos y mucho menos agresivos. Hace 15 años con un tratamiento se controlaba una plaga, hoy mantenemos la población dentro de los umbrales de tolerancia, es decir, bajamos población del patógeno. También usamos trampas para prevenir los ataques y en otras ocasiones, sencillamente ya no hay fitosanitarios vigentes que combatan ciertos problemas.
El sector no se opone a que las herramientas de producción sean menos tóxicas, pero sí exigimos o al menos desearíamos, que la cancelación de fitosanitarios se hiciese a la par a que salen al mercado soluciones innovadoras eficaces de lucha contra estas enfermedades y plagas, máxime cuando a los productos importados de terceros países han sido cultivados con fitosanitarios prohibidos en España/Europa.
Por un lado, Europa se ha convertido en un territorio inhóspito para la competitividad empresarial. Nuestra Agenda 2030 y los conflictos bélicos, han incrementado los costes de energía, combustibles y fertilizantes principalmente, lo cual nos han distanciado aún más de competidores de terceros países.
«La industria ya se deslocalizó y ahora la agricultura también esta en este proceso»
Por otro lado, la agricultura sigue siendo un sector muy necesitado de mano de obra, por lo que no podemos comparar nuestros costes sociales, con los de países no UE. A todo esto, se le suma el Pacto Verde Europeo y la digitalización, un intento de generar un nuevo motor económico, porque ya no hay industria en Europa, así como energías renovables que tienen el mismo fin: transformar la economía de Europa. Hablemos claro, la industria ya se deslocalizó y ahora la agricultura también está en este proceso: productores europeos se están mudando a aquellos lugares donde le facilitan el acceso al agua para riego incluso en condiciones más áridas que en España, a países con mano de obra económica y a países con menos burocracia. La reglamentación en políticas verdes europea debería hacerse a nivel global y si no es posible, al menos, priorizar la venta en nuestro territorio de nuestros productos, para que los importados de terceros países no supongan una competencia desleal.
En cuanto a la PAC: nacida esta para garantizar la soberanía alimentaria en aquellos años de postguerra en Europa con carestía de alimentos; hoy se ha convertido en una potente herramienta intervencionista del sector. Se accede a ella cumpliendo toda esta legislación verde europea y se subvenciona, por ejemplo, por perder superficie de cultivo en por de la biodiversidad y, sin embargo, zonas no cultivadas suponen un alto riesgo de incendios. Los agricultores no quieren vivir de subvenciones, quieren vivir de su trabajo, máxime cuando el consumidor paga cientos de veces el precio incrementado de aquel que ellos perciben en campo.
Además, existe en España una ambiciosa legislación para combatir este problema: la “Ley 16/2021 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”. Es una ley ambiciosa que después de 3 años desde su modificación…no ha funcionado. No se conoce y no se ha aplicado y es que, conocedores del sector como somos, podemos decir que los recursos de la administración competente en agricultura están acaparados con la gestión de la PAC. La administración debería poner muchos más esfuerzos en conseguir que se pague un precio justo en campo y menos recursos en dar subvenciones. La transferencia de competencias entre gobierno central y comunidades autónomas en agricultura, tampoco beneficia una resolución del problema.
Burocracia, es otra de las quejas de los agricultores estos días. Los distribuidores de fitosanitarios ya venimos adaptándonos a rigurosas regulaciones, a las que no nos oponemos, pues nuestros problemas son otros: el gran desconocimiento de la producción agraria de la sociedad en general y de los legisladores. En España, los distribuidores de fitosanitarios somos pioneros en transparencia y control de la venta de productos para la protección vegetal. El sector se ha adaptado a las exigencias medioambientales, con innovación por parte de los fabricantes y por parte de los distribuidores, con la fiscalización de los productos fitosanitarios: restringiendo su uso únicamente a personal capacitado para ello (habilitación ROPO) y ofreciendo la información de todas las transacciones a las autoridades competentes (RETO: registro electrónico de transacciones de operadores). Es un sector altamente controlado y de gran transparencia. Sin embargo, los pequeños productores, aquellos habitantes del 84 % de la superficie de España que suponen un 16% de la población de de nuestro país, se enfrentan a la digitalización y a una cantidad de burocracia que, si pudiesen pagar para subcontratar, por ejemplo, no estarían en las calles. Si pudieran invertir más en mecanización de procesos, también tendrían más tiempo de hacer sus cuadernos de explotación. El inconveniente es que para un pequeño agricultor esta legislación cambiante para percibir PAC le supone un gran esfuerzo y, sin embargo, para los grandes productores es una ventaja competitiva. En conclusión, conseguir precios justos para los productos agrícolas españoles y europeos en general, es la auténtica clave para la supervivencia del sector primario.
«Los agricultores piden cambios para poder seguir alimentando a los ciudadanos»
Los agricultores no se resisten al cambio, los agricultores piden cambios para poder seguir alimentándonos en épocas de crisis y de no crisis; para seguir dando vida a las zonas rurales, donde si sus cosechas son el alimento prioritario de nuestros ciudadanos podrán ser la opción de vida para los hijos de la ciudades, a las que la inteligencia artificial, la digitalización y la automatización obligará a despoblar. Pero cambios asumibles, que suponga en un beneficio y no un perjuicio. El sector primario debe considerarse un sector prioritario de futuro sostenible, es nuestra ambición para un reverdecimiento de nuestro país.
